Un juzgado de Almería ha iniciado una investigación contra Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, tras recibir denuncias de amenazas de muerte dirigidas a la madre del niño, Patricia Ramírez. Según fuentes penitenciarias, Quezada habría expresado su intención de acabar con la vida de Ramírez a otras internas en la prisión.
A pesar de que la denuncia inicial fue archivada, un recurso ha llevado a reactivar el caso, y se prevé que varias presas del centro penitenciario de Brieva, en Ávila, sean llamadas a testificar sobre las afirmaciones de Quezada.
Irregularidades en prisión
Patricia Ramírez ha denunciado que durante más de un año ha recibido información sobre diversas irregularidades en la prisión donde se encuentra Quezada. Estas irregularidades incluyen la posesión de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual y la supuesta preparación de un documental. Ramírez sostiene que Quezada está molesta por los obstáculos que ha encontrado para llevar a cabo este proyecto y que esto podría haber motivado las amenazas.
Además, la información proporcionada por Ramírez ha dado lugar a otra investigación en Ávila contra un funcionario del centro penitenciario por un posible delito de cohecho relacionado con Quezada. Esta investigación se centra en la introducción de teléfonos móviles en la cárcel. Aunque Quezada ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales con funcionarios a cambio de favores, ha negado haber recibido un teléfono móvil.