Los abogados de Juana Rivas han tomado medidas en un intento por paralizar la entrega del menor a su padre, Francesco Arcuri. Este viernes por la mañana, tanto los letrados como los padres del niño se presentaron en los juzgados de La Caleta para recibir instrucciones de la jueza de Primera Instancia número 3 del juzgado de familia, quien había ordenado la entrega del niño, que actualmente tiene 11 años.
El hermano mayor del menor, de 19 años, había presentado una querella el día anterior por presuntas coacciones ejercidas sobre su hermano por parte de Arcuri. Con el objetivo de evitar una "sobreexposición innecesaria" del menor debido a las dramáticas imágenes que circularon el pasado martes, la jueza dispuso que la entrega se llevara a cabo en un ambiente de estricta intimidad y con un solo acompañante por cada progenitor.
Detalles sobre la entrega y acciones legales
Juana Rivas y Francesco Arcuri llegaron al punto acordado para la entrega en vehículos privados y acompañados por sus respectivos abogados, cumpliendo así con lo estipulado por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada. Esta entrega había sido aplazada tras un primer intento fallido. Después de permanecer dos horas en el lugar designado, Juana Rivas abandonó el sitio en coche.
En ese momento, se conoció que los abogados de Juana Rivas estaban tratando de detener la entrega del niño a su padre mediante un procedimiento legal relacionado con denuncias de torturas al menor. Esta información fue proporcionada por el periodista Julio Uzal tras la salida de Rivas de los juzgados.
Posibles implicaciones del movimiento legal
La colaboradora del programa 'Vamos a ver', Verónica Guerrero, comentó en directo que esta acción podría ser un intento por parte de la defensa para evitar que el menor salga del país. Guerrero explicó que este tipo de solicitud se puede presentar en casos de derecho familiar y es conocida como "solicitar un 158". Esto implica pedir medidas urgentes para proteger al menor; antes de realizar cualquier modificación en las medidas existentes, se solicita esta medida para suspender lo acordado por el juzgado si se considera que el niño está en peligro.
Aunque el juzgado no está obligado a resolver esta propuesta inmediatamente, sí deberá hacerlo a corto plazo. Si se acepta a trámite, esto significaría que el niño no podrá abandonar España hasta que se tome una decisión al respecto.
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