La decisión de María Guardiola Martín, presidenta de la Junta de Extremadura, de convocar elecciones anticipadas para el 21 de diciembre ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos, ha generado un temblor político que va más allá del río Guadiana. Mientras algunos analistas lo ven como el pistoletazo de salida para una cascada de comicios en territorios gobernados por el Partido Popular, la simple mención de Andalucía en esa quiniela genera una sonora carcajada.
Extremadura, con una presidenta forzada a un adelanto por el bloqueo de la oposición (PSOE, Vox y Podemos), ejemplifica lo que debería ser un ejercicio de responsabilidad democrática. Sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) nuevos para el próximo ejercicio, la capacidad de gestión e inversión del gobierno de la Comunidad Autónoma queda castrada. Un gobernante que no dispone de herramientas financieras adaptadas a la realidad del año que comienza no puede prometer ni ejecutar, y en ese contexto, devolver la palabra a la ciudadanía es el gesto más higiénico.
La sorpresa llega cuando en ciertos mentideros políticos se apunta a Andalucía como posible destino de un adelanto electoral. La realidad, sin embargo, desmiente categóricamente esta hipótesis por dos razones de peso:
-
Mayoría absoluta y plazo: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, logró en las elecciones del 19 de junio de 2022 una histórica mayoría absoluta para el Partido Popular. El calendario natural sitúa el próximo examen electoral en 2026. Al contar con un respaldo parlamentario total, el Ejecutivo andaluz puede aprobar sus cuentas, sus leyes y sus reformas sin necesidad de recurrir a la desesperada a pactos externos. Es la estabilidad personificada en votos.
-
Momento inoportuno: Si algo evita que ahora se adelantase el calentario electoral en Andalucía, es la crisis del cribado de cáncer de mama. Moreno Bonilla está realmente tocado por este asunto, que ha intentado cortocircuitar desde el momento en que advirtió la magnitud. Las encuestas, por primera vez, no le son favorables, pero si la gestión de la crisis la hace bien, y las elecciones son cuando toquen, podría salir indemne, que es algo que no podría afirmarse si hay adelantamiento.
Si la decisión de la presidenta extremeña es acertada en el ámbito autonómico, su movimiento se convierte en una bofetada de guante blanco para el Gobierno del Estado en la Moncloa.
Cuando un Ejecutivo no consigue aprobar los PGE durante dos ejercicios, se limita la inversión pública, se congelan proyectos y se hipoteca la gestión del Estado. El actual Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón lleva meses sin una hoja de ruta presupuestaria clara, prolongando las cuentas y recurriendo a "ingeniería presupuestaria" para sortear los escollos.
La prórroga de los presupuestos, si bien es legal, se convierte en un bloqueo de facto de la capacidad transformadora. Y el problema se agrava cuando el Gobierno del Estado, además de no tener cuentas claras, evidencia una profunda división interna y una debilidad parlamentaria abrumadora.
Hay bloqueo y confrontación. Las normativas de gran calado han generado choques abiertos no solo con la oposición, sino entre los socios de la propia coalición gubernamental (PSOE y Sumar), y han puesto en riesgo la misma negociación presupuestaria.
Además , la imposibilidad de consensuar con una mayoría fragmentada en el Congreso de los Diputados aboca a arrastrar la gestión, perdiendo capacidad de respuesta ante urgencias económicas o sociales.
Guardiola, en Extremadura, ha demostrado que cuando la herramienta esencial de gobierno, el presupuesto, se bloquea por la oposición del Parlamento, el camino honorable es recurrir a las urnas. Es un acto de claridad y respeto hacia los ciudadanos. La presidenta extremeña ha dicho: si no me permiten gobernar con las cuentas que necesito, pregunto al pueblo.
Este es precisamente el ejemplo de valentía que brilla por su ausencia en el Consejo de Ministros. Si la parálisis presupuestaria y la confrontación interna se extienden en el Estado, la alternativa lógica, la que exige la responsabilidad de un sistema democrático, es devolver la voz a los españoles. De lo contrario, seguiremos viendo la estabilidad de Andalucía como un oasis, mientras el Gobierno central cojea con un presupuesto del pasado y una crisis de autoridad que solo las urnas pueden zanjar.
Agenda
