Las nuevas claves de la UCO acorralan más a los investigados en el caso Mascarillas

La segunda fase del ‘caso Mascarillas’ ha destapado una presunta red de amaño de contratos públicos en el Área de Fomento de la Diputación Provincial de Almería, que se habría beneficiado de fondos de recuperación del COVID-19. El atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, derivado de los registros realizados el 18 y 19 de noviembre en Fines y otras empresas, revela la supuesta mediación del exvicepresidente y exdiputado de Fomento, Óscar Liria, para la adjudicación fraudulenta de obras.

Según el informe policial, se localizó documentación de contratos de obras públicas con “apuntes sobre los presuntos amaños” que debían realizarse para asegurar la adjudicación a las empresas investigadas. La UCO revela el “uso instrumental” de la empresa OYC Servicios Urbanos, controlada por el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo, para conseguir contratos de la Diputación al menos desde noviembre de 2018.

La necánica del fraude

El modus operandi de la presunta trama queda detallado en los documentos incautados. Los agentes localizaron varias invitaciones a la mercantil OYC para hacerse con obras del Plan Acelera 2020, creado para la recuperación económica tras la pandemia, que contenían “anotaciones manuscritas con las bajas que deberían efectuar en cada caso: 2%, 4% y 5%”.

La UCO señala que la documentación pone de manifiesto “la impartición de instrucciones por parte de Óscar Liria en materia de contratación pública” hacia OYC, sociedad que era controlada por sus familiares: su tío (el exalcalde de Fines) y su primo.

Las conversaciones de WhatsApp intervenidas entre Liria y su primo corroboran esta dinámica. En un caso concreto sobre una obra en Los Gallardos con cargo al Plan Acelera, el primo del exdiputado le pedía que intercediera con urgencia: “Mírame Los Gallardos y Fines porfa. Que de Los Gallardos es el último día. Borro mensajes”. Liria finalmente le indicaba que el contrato de Los Gallardos “pasa”, y añadía: “Voy a ver si aclaro el lío que han montado”.

El informe también detalla otro cruce de mensajes de noviembre de 2019 entre Liria y el entonces alcalde de Fines sobre invitaciones para un contrato de alquiler de maquinaria de 18.000 euros para el que la empresa OYC, de la que 'Los Rodrigos' tenían el control, carecía del material necesario. Para efectuar el contrato, OYC se sirvió de otra empresa, GESA Andalucía 2004, cuyo titular era el hijo del alcalde.

Pese a esta carencia, la propuesta de adjudicación a OYC fue considerada “acorde” gracias a un informe emitido por C.G.S., el funcionario detenido, quien era jefe de la Sección de Apoyo Técnico y Maquinaria. No obstante, dicho informe técnico favorable “no consta en el expediente intervenido por la UCO”. Los agentes sitúan este primer contacto como “el inicio de una dinámica que se habría prolongado a lo largo del tiempo” para la “adjudicación fraudulenta de contratos públicos aprovechando las capacidades en materia de contratación pública” de Liria.

Dinero en efectivo y armas

La decena de registros realizados por la UCO en viviendas, sedes de empresas y despachos permitió a los investigadores obtener pruebas cruciales. En total, se incautaron 20.270 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles de alta gama, discos duros, ordenadores y tabletas.

Llama la atención el hallazgo de 7.620 euros en la vivienda de la hermana del expresidente Javier Aureliano García, donde se encontró una anotación a mano de color rojo que indicaba “Es de Javier Aureliano”. La investigada declaró que procedía del rendimiento de alquileres de pisos (los de una casa en Abrucena y un local de hostelería en Balanegra). Paradójicamente, “no se localizó dinero en efectivo” en la vivienda del expresidente, pese a que la investigación ya señalaba su alta disponibilidad de liquidez.

También al ya expresidente, la UCO le encontró en un cajón un documento titulado "INGRESOS DECLARADOS Y COBRADOS EFECTIVO", que refleja un análisis por años de fondos recibidos desde 2019 hasta 2024, cuyo total asciende a 99.128,44 euros. La Guardia Civil habría localizado movimientos en las cuentas bancarias de García que desmentirían el cobro en efectivo de dos montantes de la tabla: los correspondientes al cobro de la comunidad de bienes García Molina de los años 2023 y 2024.

En la vivienda del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, en Retamar, los agentes hallaron una pistola detonadora, cuya naturaleza es “presumiblemente prohibida”, lo que derivó en la apertura de un atestado. Por otro lado, en la sede de la empresa GESA Andalucía 2004, vinculada al exalcalde de Fines, se localizaron cinco escopetas, por lo que se constituyó otro atestado separado ante un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

Los agentes también se llevaron siete folios relacionados directamente con expedientes de mascarillas, así como un voluminoso archivo de 790 folios que contienen diversas conversaciones de mensajería instantánea. Este material se suma al volcado de dispositivos móviles ya autorizado por el juez instructor.