La agricultura de la provincia de Almería y del conjunto de la Comunidad Autónoma ha recibido con optimismo la decisión adoptada esta mañana en el Pleno del Parlamento Europeo, celebrado en Estrasburgo, de someter el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a un control jurídico exhaustivo. Esta medida supone la solicitud de un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si el contenido del tratado, firmado la pasada semana, es compatible con el derecho comunitario.
La decisión paraliza temporalmente el proceso de ratificación de un acuerdo que el sector agrario almeriense ha denunciado de forma reiterada por el grave impacto económico, productivo y territorial que podría generar en las explotaciones locales, además de las dudas jurídicas y políticas que plantea su estructura actual.
Desde ASAJA se valora este paso como fundamental para frenar lo que consideran un acuerdo desequilibrado e injusto que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones agroalimentarias. La organización subraya que esta decisión es fruto del papel activo y de las movilizaciones impulsadas en centros de decisión como Bruselas y Estrasburgo, donde se ha defendido la necesidad de un marco de competencia justa.
El presidente de la organización en el Estado español, Pedro Barato, ha manifestado que la aprobación de esta solicitud por parte de la Eurocámara refleja la existencia de dudas reales sobre la legalidad y la oportunidad política del tratado. En este sentido, se ha realizado un llamamiento al Gobierno de España para que ejerza una defensa firme del sector, garantizando en todo momento el principio de reciprocidad y condiciones que no perjudiquen a los productores frente a las importaciones de terceros países.
Por su parte, COAG Andalucía ha calificado de forma muy positiva que el acuerdo tenga que pasar por el examen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque advierte de que el proceso jurídico podría demorarse entre uno y dos años. El secretario general de esta organización en la Comunidad Autónoma, Juan Luis Ávila, ha señalado que, si bien se ha ganado una batalla importante, la situación no debe interpretarse como el final del conflicto, ya que la Comisión Europea podría intentar seguir adelante con el acuerdo mediante diversas fórmulas jurídicas. La organización agraria critica que el tratado responde a un modelo comercial obsoleto, negociado originalmente en 1999, que se encuentra totalmente alejado de la realidad actual del campo y de las exigencias sociales, medioambientales y sanitarias que se exigen actualmente en el Estado español.
La relevancia de esta decisión para Almería reside en la protección del modelo productivo de la provincia, que se vería directamente afectado por un aumento de la dependencia de terceros países para la alimentación. Las organizaciones denuncian que la Comisión Europea ha intentado sortear el control democrático dividiendo el acuerdo en dos instrumentos jurídicos para reducir la capacidad de intervención de los parlamentos. Asimismo, cuestionan la eficacia de las cláusulas de salvaguardia propuestas, al considerar que no garantizan una reciprocidad efectiva ni una intervención automática, funcionando únicamente como un mecanismo temporal sin efectos reales sobre la estructura del mercado.
Ante este escenario, el sector agrario mantiene su hoja de ruta y refuerza el llamamiento a la movilización. El próximo 29 de enero están previstas acciones de protesta en todas las provincias andaluzas, incluida Almería, con el objetivo de mantener la presión social y asegurar que los intereses de los agricultores y ganaderos sean prioritarios en la agenda política europea. Las organizaciones coinciden en que solo la movilización constante evitará que un acuerdo que consideran una traición al campo llegue a materializarse, defendiendo así la soberanía alimentaria y el futuro de los pueblos de la Comunidad Autónoma.
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