Andalucía se opone al recorte del trasvase Tajo-Segura que perjudica a Almería

El Gobierno de Andalucía, junto a los ejecutivos de Murcia y Valencia, ha decidido “plantar cara” al recorte del trasvase Tajo-Segura, calificado como “insolidario” por las autoridades regionales. Este recorte, implementado por el Gobierno de España, tendrá un impacto significativo en Almería, donde se estima que las pérdidas económicas superarán los 30 millones de euros, afectando directamente a 5.000 hectáreas de cultivo y, de manera indirecta, a 24.000 hectáreas dedicadas principalmente a cultivos al aire libre.

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, participó en un acto en Murcia convocado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para protestar contra estas nuevas reglas de explotación del trasvase. Durante su intervención, Fernández-Pacheco afirmó: “Venimos a plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez y su política de sequía, que no de agua”. Además, aseguró que Andalucía seguirá luchando por los derechos hídricos que corresponden a todos los territorios.

Impacto en la agricultura andaluza

El consejero lamentó que algunos sectores hayan utilizado el agua como un instrumento político para castigar a determinadas regiones. En este sentido, destacó que el sureste español enfrenta una “doble sequía”: la climatológica y la provocada por decisiones del Gobierno central que fomentan la insolidaridad entre comunidades autónomas. “Condenan a regiones como Murcia, Valencia y Andalucía a vivir sin agua”, añadió.

Fernández-Pacheco criticó la decisión unilateral del Ministerio de Transición Ecológica de reducir a la mitad el agua destinada al trasvase Tajo-Segura justo cuando hay más recursos hídricos disponibles. Esta medida no solo pone en riesgo miles de hectáreas cultivables sostenibles y eficientes en Alicante, Murcia y Almería, sino que también amenaza la soberanía alimentaria de Andalucía. “Secar el sureste español afecta directamente nuestro campo, nuestro PIB y el empleo de miles de familias vinculadas a la agricultura”, advirtió.

Defensa del agua como bien público

El consejero expresó su comprensión hacia la preocupación e indignación manifestadas por los regantes afectados y reafirmó que el Gobierno andaluz no permanecerá inactivo ante esta situación. “No vamos a permitir este recorte; recurriremos todo lo recurrible y lucharemos en todos los frentes para hacer escuchar la voz del campo”, afirmó con determinación.

Añadió que desde Andalucía, así como desde Valencia y Murcia, no buscan despojar a otros territorios del agua necesaria; simplemente exigen acceso al recurso hídrico disponible que puede ser trasvasado sin perjudicar al medio ambiente ni afectar a otras comunidades. “Un agua que transforma nuestra economía y desarrollo social”, subrayó.

Crisis en la planificación hídrica

Fernández-Pacheco también lamentó que el Plan Nacional del Agua haya sido “aparcado” mientras se prioriza un Plan Nacional de Sequía. En lugar de llevar a cabo las obras necesarias —118 pendientes solo en Andalucía— el Gobierno parece ceder ante presiones políticas perjudiciales para otras regiones.

Finalmente, enfatizó que los trasvases no son un favor entre regiones; son un derecho sobre un recurso natural esencial. El Estado debe asumir su responsabilidad en la planificación adecuada del uso del agua como bien público fundamental.

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