Patricia Ramirez: "Vivo con miedo"

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz —asesinado en 2018 en Níjar (Almería)— ha regresado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para reafirmar su denuncia por unas presuntas amenazas que habría recibido desde prisión por parte de Ana Julia Quezada, la mujer condenada por la muerte del menor. Lo ha hecho en calidad de perjudicada dentro de una causa reabierta recientemente, y ha insistido en la necesidad de llegar “al fondo de esta cuestión” para poder retomar su vida con cierta normalidad.

La comparecencia de Ramírez se ha producido meses después de que presentara, el pasado 31 de diciembre, una denuncia motivada por llamadas desde números ocultos y otros avisos que apuntaban a un posible ánimo de represalia por parte de Quezada, que cumple condena de prisión permanente revisable en el penal de Brieva (Ávila). Las sospechas, según la denunciante, estarían relacionadas con la paralización de un documental que la condenada pretendía realizar desde el centro penitenciario.

Tras declarar en sede judicial, Ramírez ha explicado que se ha ratificado en los hechos denunciados y ha contestado a todas las preguntas que le han sido planteadas durante la instrucción. Ha manifestado su esperanza en que se continúe investigando y se adopten medidas de protección que le permitan sentirse algo más segura y no expuesta a una situación que considera “violenta”, provocada —ha dicho— por actuaciones irregulares.

En su declaración, ha contado que, después de haber formulado la denuncia inicial, comenzó a recibir nuevas llamadas, esta vez en otro número de teléfono y, en algunos casos, desde el extranjero. Según ha relatado, varias fuentes —que no tendrían conexión entre sí— le han advertido de que Quezada estaría molesta con ella. Ha añadido además que le han llegado informaciones que apuntan a que la condenada podría manejar dinero desde prisión y mantener algún tipo de colaboración con funcionarios o personas del exterior.

Patricia Ramírez ha subrayado que ha reducido al mínimo sus apariciones públicas y que ha restringido sus movimientos a círculos seguros. “La medida más básica que estoy tomando es alejarme de mis estudios y recluirme en mi casa y en entornos seguros”, ha expresado.

Sobre el documental en cuestión, ha reiterado su oposición a que pueda difundirse y ha advertido que “la ley es muy clara: ningún condenado en sentencia firme puede salir a público con un documental ganando dinero por contar una nueva versión de los hechos”. Ha hecho un llamamiento a las autoridades para que actúen si se llega a emitir y ha terminado con una confesión que resume su estado anímico: “Yo ya no puedo más”.

La instrucción también ha citado a declarar como investigada a la actual pareja de Ana Julia Quezada, identificada como M.A.R.Q., sobre quien Ramírez ha dicho tener sospechas de que podría no tenerle simpatía, y a la que asocia con un posible riesgo de represalias. Ha matizado que corresponde al juez valorar si debe tomar medidas frente a ella.

En esta jornada judicial también ha comparecido como testigo una persona relacionada con un servicio de Tarot que, según ha indicado la acusación, habría alertado a Ramírez de las amenazas. La abogada de la acusación particular, Verónica Guerrero, ha señalado que este testigo ha ratificado lo declarado ante la Policía y ha entregado material audiovisual con supuestas amenazas, el cual será puesto a disposición del juzgado en un soporte digital. Guerrero ha elogiado la actuación de este testigo, al que ha calificado como “excelente” por haberse puesto en contacto con la denunciante y facilitarle la información recibida.

Quezada ha comparecido por videoconferencia desde el centro penitenciario, pero ha optado por no responder al juez. Su pareja, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha tenido acceso completo a las diligencias del procedimiento.

Cabe recordar que la causa fue archivada de forma provisional, pero el juzgado decidió reabrirla tras un recurso presentado por la acusación, que reclamaba nuevas pruebas. Entre las primeras decisiones adoptadas por el juez instructor figura la anonimización de los datos personales de Patricia Ramírez, tanto en Almería como en Ávila, como medida de protección. La propia denunciante ha agradecido esa decisión y ha señalado que percibe que el juzgado “está tomando interés” en el asunto.

Las pesquisas judiciales siguen abiertas y tratan de esclarecer si Ana Julia Quezada pudo haber articulado amenazas mediante terceras personas, desde dentro o fuera de prisión, utilizando medios lícitos o ilícitos. También se investiga el uso presuntamente irregular de dispositivos móviles y la posible implicación de personas de su entorno.