La Junta de Andalucía ha firmado recientemente un manifiesto conjunto con las comunidades autónomas de Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Canarias, en defensa del litoral español. Este acuerdo, que se llevó a cabo en Valencia, pone de manifiesto la necesidad de una gestión más eficaz del litoral y critica la falta de inversiones por parte del Gobierno central. Además, se reclama una reforma urgente de la Ley de Costas para adaptarla a las realidades específicas de cada comunidad.
Carmen Jiménez, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, representó al Gobierno andaluz en este acto. En sus declaraciones, afirmó que “hemos dado un paso importante para reivindicar que el litoral es mucho más que una línea de costa: es un espacio natural, económico, cultural y social que requiere atención inmediata y un modelo de gobernanza eficaz y corresponsable entre administraciones”.
Reformas necesarias para el litoral andaluz
La firma del manifiesto se produjo durante las jornadas tituladas “La Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica”, donde se discutió la evolución de la legislación costera desde la experiencia acumulada por las comunidades con competencias transferidas. En su intervención, Jiménez destacó los desafíos que enfrenta Andalucía debido a la creciente presión normativa y los efectos del cambio climático sobre su litoral.
El documento también señala la falta de criterios técnicos claros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con los límites del dominio público marítimo-terrestre. Esta situación genera incertidumbre tanto jurídica como social, especialmente ante fenómenos como la erosión costera e inundaciones cada vez más frecuentes. Asimismo, se denuncia que el modelo actual de gobernanza dificulta una gestión adecuada por parte de las comunidades autónomas.
Demandas específicas para mejorar la gestión
Entre las principales demandas incluidas en el manifiesto se encuentra la cesión a las comunidades autónomas de los ingresos generados por cánones relacionados con el uso del dominio público marítimo-terrestre. También se exige una reforma legislativa que permita a estas comunidades ejercer plenamente sus competencias. Además, se solicita protección legal para núcleos costeros con valor histórico y etnológico.
Carmen Jiménez subrayó que “se ha hecho evidente que el marco legal vigente no responde ni a la diversidad del territorio español ni a los principios de eficacia que requiere una correcta gestión del litoral”. La directora general enfatizó que las comunidades costeras poseen experiencia y herramientas necesarias, pero necesitan respaldo legal y recursos adecuados.
Iniciativas andaluzas para un litoral sostenible
Desde 2011, cuando asumió competencias en materia costera, la Junta de Andalucía ha implementado políticas enfocadas en la sostenibilidad y el uso racional del territorio. Con más de 2.190 kilómetros de costa y 16.000 hectáreas dedicadas a zonas protegidas, Andalucía destaca por su diversidad ecológica y su intensa actividad económica relacionada con sectores como el turismo y la pesca.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha desarrollado herramientas como la Zonificación del Litoral e Inventario de Ocupaciones para gestionar adecuadamente cada tramo costero priorizando criterios sostenibles. Estas iniciativas permiten tramitar alrededor de 3.000 expedientes anuales relacionados con autorizaciones y planes de playa.
Compromiso frente al cambio climático
Jiménez también resaltó el compromiso andaluz hacia una planificación basada en evidencia científica frente al cambio climático. Proyectos como ICCOAST o estudios sobre el efecto Bruun son ejemplos claros del enfoque proactivo adoptado por Andalucía para anticipar decisiones en áreas vulnerables.
A pesar de estos esfuerzos, existe preocupación por la inseguridad jurídica provocada por un procedimiento abierto por la Comisión Europea que tiene bloqueados más de 400 expedientes en Andalucía debido a cambios en los criterios ministeriales. “Este bloqueo no solo paraliza inversiones sino que genera incertidumbre tanto para empresas como para ciudadanos”, concluyó Jiménez.
Finalmente, hizo un llamado a avanzar hacia un nuevo marco normativo que contemple las particularidades territoriales y fomente una cooperación efectiva entre administraciones: “Gestionar el litoral desde la cercanía no es solo cuestión de eficacia; es fundamental para proteger nuestros valores naturales y asegurar el futuro de nuestras costas”.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
2.190 km |
Dominio público marítimo-terrestre en Andalucía |
16.000 ha |
Zona de servidumbre de protección |
3.000 expedientes/año |
Promedio de expedientes tramitados por la Junta de Andalucía |