La Junta de Andalucía aprueba nueva Ley Universitaria que beneficiará a Almería

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), una normativa que busca aumentar los derechos del estudiantado, proteger el sistema público universitario y consolidar su modelo de financiación. La ley también se enfoca en estabilizar la carrera académica, fomentar la internacionalización y promover la formación continua. Además, se reconoce la importancia de facilitar el acceso a la vivienda para los estudiantes, mejorar la transparencia en las instituciones académicas y endurecer las condiciones para la creación de universidades privadas.

Antes de este visto bueno, el texto legal pasó por un proceso de información pública y recibió informes del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo. Ahora, el proyecto será debatido en el Parlamento andaluz con vistas a su aprobación en el primer trimestre de 2026. Si se aprueba, reemplazará al marco legal vigente desde 2013.

Nuevas medidas para el estudiantado

Entre las novedades más destacadas, la LUPA reconoce por primera vez el derecho a un sistema de bonificación en los precios de las matrículas universitarias, lo que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. También se introducen medidas como la suspensión temporal de estudios, la conciliación entre actividades académicas y deportivas, así como el derecho a la desconexión digital.

La ley también establece que los estudiantes deberán acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para obtener un título oficial universitario. Esta exigencia comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2029 y no afectará a quienes estén matriculados al momento de su aprobación. Además, se fijan criterios para facilitar la movilidad entre universidades públicas andaluzas mediante planes de estudio con contenidos mínimos comunes.

Acceso a vivienda y estabilidad docente

Por primera vez, se contempla en esta norma el fomento del acceso a viviendas y residencias para estudiantes mediante programas conjuntos entre universidades. Asimismo, se asegura por ley la movilidad internacional mediante ayudas y becas financiadas por la Administración autonómica.

Con respecto al personal docente, se implementan medidas para estabilizar su carrera académica. Se limitará el uso indebido del contrato de profesor sustituto interino a dos años máximo y se revisarán semestralmente estos contratos para evitar que se conviertan en plazas estructurales. Se busca así eliminar la precarización laboral dentro del cuerpo docente universitario.

Financiación y control sobre universidades privadas

La LUPA también establece un modelo común de financiación revisable cada cinco años para todas las universidades públicas andaluzas. Este modelo respaldará tanto los principios como la estructura acordados con los rectores. Además, se garantiza que cualquier remanente no utilizado por las universidades deberá ser destinado a inversiones estratégicas en investigación y transferencia del conocimiento.

En cuanto a las universidades privadas, esta nueva legislación incrementa los requisitos necesarios para su creación y funcionamiento con el fin de asegurar un servicio educativo público de calidad. Entre estas exigencias está reservar un porcentaje significativo de sus ingresos anuales para becas y programas propios de investigación.

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