La incongruencia mauritana
Esta mañana, asombrado por el viaje a Mauritania, el marino comenta:
—Pedro Sánchez ha vuelto, el tercer viaje en año y medio a Mauritania. Un viaje inexplicable para el común de los mortales y acompañado de 7 ministros.
La explicación de Moncloa es que era participar en una «Reunión de Alto Nivel», la pregunta es obvia ¿De alto nivel?, aunque seamos ingenuos y veamos quienes fueron: Albares, ministro de Exteriores —hasta ahí, bien—, pero añadamos Sara Aagesen, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, será por el «reto demográfico», Elma Saiz, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se puede entender e incluso Marlaska, Interior —que se marchó en el mismo día y nos costó 30.000 €—, pero lejos de donde debía estar: Torre Pacheco, según denuncian los propios sindicatos policiales, pero todavía es menos explicable Oscar López, Transformación Digital y Función Pública, Oscar Puente, Transportes y Movilidad Sostenible y Luis Planas, Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando debía estar en la UE, donde nos han vuelto a hacer recortes.
Una pantomima surrealista, eso sí, con mucha diplomacia y escenografía para un asunto que, en el fondo, sólo revela que cada vez hay más distancia entre el relato gubernamental y la realidad. Frases como «migración segura, regular y ordenada», que no esconden ese flujo masivo, incontrolado e ilegal,
De los casi 64.000 inmigrantes irregulares llegados en 2024, desde Mauritania 25.081 ~40 %, —a pesar de todos los acuerdos y el dinero aportado—, mientras se celebra como un éxito que 50 trabajadores mauritanos vengan legalmente a la campaña de Huelva.
La pregunta malpensada: ¿Para esto han servido 3 viajes y los fondos aportados?
La joven profesora dice:
—Los 400 millones de euros para 2024-2025, son una parte, porque por la visita de Sánchez y Von der Leyen de febrero 2024 hay que añadir unos 250 millones de la UE (Team Europe) todo para contener la inmigración en origen.
Si hacemos un cálculo burdo y simplista, esos 25.081 inmigrantes mauritanos ilegales han costado unos 25.900 € y teniendo en cuenta su PIB/cápita de unos 1.980 €/anuales, a ese costo se les podría haber alimentado en su país unos 13 años.
Este cálculo puede parecer improcedente, inadecuado y cruel, pero evidencia que algo no se hace bien y que el camino del relato buenista no soluciona los problemas, sino que los hace endémicos, como ocurre en el Sahel africano.
Se dirá que esos fondos son para la contención de la inmigración. No lo avala los resultados, ni la fuerza de las mafias de la zona; no olvidemos que Mauritania es un país cuestionado por su represión interna, con 11 golpes de Estado en su historia reciente, sin garantías judiciales, desapariciones e innumerables casos de corrupción de políticos, altos funcionarios y militares.
Hagamos una ecuación:
Entrada ilegal + Imposible trabajar legalmente + Dificultad para Integración por cultura =
La ecuación la resuelve Pedro Sánchez y Von der Layen
El marino señala otra parte de la ecuación:
—Desde hace años se repite que «la inmigración es necesaria para sostener el sistema de pensiones», que se necesitan para atender la demanda de puestos de trabajo, aunque esta afirmación, sin matices, es muy parcial, porque una cosa es que parte de la inmigración contribuya al sistema y otra que, cualquier flujo masivo lo haga automáticamente.
Si se entra sin documentación, sin empleo y sin integración, no se refuerza el sistema, se tensiona, se desajusta y produce un importante costo al resto de los españoles.
Esta es una verdad que nadie quiere decir en voz alta.
Además, no hay un diagnóstico serio sobre las necesidades reales del mercado laboral español. No sabemos cuántos trabajadores necesitamos, en qué sectores, ni su nivel de formación, más allá de servicios primarios.
La pregunta, para qué han servido todos los fondos de la UE para transformar nuestro modelo productivo.
Seguimos improvisando, mientras se acumulan miles de personas en situación irregular, a las que no se puede ofrecer empleo legal. Un buen caldo de cultivo para la economía sumergida, la delincuencia y en el peor de los casos, captados por redes criminales.
Se genera una bolsa de exclusión que ni se integra, ni se gestiona.
La profesora subraya:
—El problema no es la inmigración como fenómeno, sino su gestión desordenada, que incumple la ley y sin control. Sustituido por una política de gestos, declaraciones y fondos repartidos sin evaluar resultados.
Si no se puede debatir con datos, argumentos y cambios en el modelo de convivencia, se acabará alimentando lo que se pretende combatir, el sentimiento de rechazo a los inmigrantes.
Además, es necesario equilibrar la situación, porque siempre se apela a los «derechos humanos» de esos recién llegados, lo que es lógico, pero no se habla de los «deberes humanos», importante para la convivencia, porque supone, entre otras cosas, un compromiso real con el país que los acoge.
Sin esto tenemos una convivencia disfuncional, porque se requiere respeto a las normas, una adaptación cultural razonable, aprendizaje del idioma y la voluntad de contribuir. Sin esto queda abierta la puerta a la precariedad y un posible rechazo creciente en la sociedad.
Claro que, añadamos un tabú, todo esto no se puede cuestionar sin ser tachado de insolidario o xenófobo o cosas peores.
Nuestro marino, con tono escéptico, concluye:
—La cooperación no se mide por la irrigación de millones, sino por los resultados y una política de inmigración que respeta los «derechos», pero que implica cumplir los «deberes». Tenemos un discurso sin política, un gasto sin control y una convivencia que empieza a resquebrajarse.
Puertas abiertas, pero no a costa de vaciar la casa y dejar los pasillos llenos de basura.
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