El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) va a presentar alegaciones tras conocerse la aprobación por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley Orgánica que garantiza el derecho al secreto profesional de los periodistas, recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. El Consejo de Ministros aprobó este 22 de julio la regulación del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación, que amplía a otras personas del entorno.
La norma, que ha sido impulsada sin contar con los Colegios profesionales de periodistas, plantea por primera vez una protección legal específica y completa del secreto profesional en el ejercicio del derecho a la información, y regula actuaciones propias de los periodistas tales como la protección de la confidencialidad de las fuentes, el rechazo de la entrega de materiales periodísticos o dispositivos relacionados, la vigilancia intrusiva a los profesionales de la información mediante programas informáticos, entre otros.
Además, el texto pretende someter los mecanismos de autorregulación de la profesión a la CNMC, vulnerando las competencias de los Colegios profesionales que por ley tienen atribuidas estas funciones y eludiendo a aquellas Comisiones de Ética y Deontologías adscritas a los Colegios, como es el caso de Andalucía o de Catalunya. Por tanto, señalan “indefensión deliberada” al no contar con los órganos colegiados en el desarrollo normativo de la profesión.
Garantizar una regulación del secreto profesional colegiada y consensuada
Días atrás, en una acción conjunta con la Red de Colegios de Periodistas de España, el CPPA mostraba su profunda preocupación ante la falta de diálogo por parte del Gobierno central y la ausencia de información previa sobre el contenido de este anteproyecto. El Colegio andaluz reclama una participación del órgano profesional para lograr un consenso realista en el anteproyecto. Desde el colectivo se advierte del peligro de aprobar una ley que afecte directamente al ejercicio profesional del periodismo sin escuchar ni incluir las aportaciones de quienes representan legalmente a la profesión.