El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha expresado públicamente su confianza en los profesionales que prestan servicio tanto en el Hospital de La Inmaculada como en el resto de centros sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma. Estas declaraciones se producen a raíz del anuncio de una denuncia por parte de la familia de un vecino de Garrucha, de 86 años, que falleció en julio pasado a causa de un cáncer de mama.
El representante de la Administración andaluza ha manifestado su respeto ante cualquier decisión que adopten las familias y ha señalado que, una vez se interponga la denuncia, el asunto pasará a quedar “en manos de la justicia” y de los servicios jurídicos correspondientes. No obstante, Belmonte ha trasladado su respaldo a la labor de los profesionales sanitarios, indicando su convicción de que la profesionalidad rige las actuaciones y que “los protocolos están ahí para seguirlos”.
El delegado almeriense de Salud ha añadido que si el juez llegara a determinar la existencia de algún tipo de negligencia, se establecerían “las consecuencias correspondientes a nivel de indemnizaciones o lo que determine la justicia”, sin entrar a valorar las actuaciones específicas que se siguieron en este caso.
La intención de interponer una denuncia penal ha sido anunciada por el bufete de abogados 'Sires Abogados', que prevé presentarla en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La acción legal se fundamenta en presuntos delitos que habrían derivado en el fallecimiento del paciente, alegando que este “no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad”.
Según el comunicado emitido por el bufete, el paciente, originario de Garrucha, fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo y fue intervenido quirúrgicamente en Madrid, donde residía en aquel momento, mediante una mastectomía y vaciamiento axilar, siendo el tumor de tipo hormonodependiente.
Tras su jubilación en 2011, el paciente se estableció definitivamente en Garrucha y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud. A pesar de sus antecedentes oncológicos claros, fue atendido por su médico de cabecera solo por patologías menores, sin que se le realizara un seguimiento oncológico o pruebas de control periódicas.
El empeoramiento se produjo en octubre de 2024, cuando fue ingresado en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa debido a un cuadro de malestar general y una cistitis persistente, detectándose un derrame pleural masivo derecho. La familia, a través de su representación legal, sostiene que la asistencia médica incurrió en “graves omisiones”, al no efectuarse un diagnóstico diferencial adecuado, no solicitarse la valoración por Oncología ni por un comité multidisciplinar, lo que habría supuesto un incumplimiento de los protocolos asistenciales.
El bufete asegura que se descartó de manera errónea una reaparición del cáncer de mama, atribuyendo el cuadro a un presunto cáncer de pulmón que no fue confirmado. Señalan que esta situación privó al paciente de la posibilidad de recibir un tratamiento hormonal paliativo, el cual podría haber ralentizado la progresión metastásica y prolongado su supervivencia. Además, se denuncia que la muestra de líquido pleural que se extrajo al paciente se extravió, lo que impidió la confirmación del diagnóstico metastásico.
El paciente falleció el 25 de julio de 2025. Su familia ha iniciado el proceso legal al considerar responsable a la Junta de Andalucía por el mal seguimiento de su enfermedad, argumentando que, a pesar de que el paciente por su edad no estaba incluido en el programa de cribado de cáncer de mama, el Servicio Andaluz de Salud tenía el deber de atenderle de por vida debido a los antecedentes que arrastraba desde 2005.
El abogado penalista ha apuntado que estos hechos podrían encajar legalmente en un posible delito de homicidio imprudente por omisión, del artículo 142 del Código Penal, al derivar la muerte de la omisión de un deber y existir causalidad entre la omisión y el fallecimiento. Además, contempla un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios, del artículo 196 del Código Penal, dado que la persona que tenía obligación legal de prestar servicios sanitarios no lo hizo a pesar de tener conocimiento de un riesgo grave para la vida o integridad física, así como un posible delito de dejación de funciones del servicio público, del artículo 409, por la omisión del deber de autoridad de supervisar y organizar la atención sanitaria.
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