La provincia de Almería ha sido el foco de una intensa jornada judicial que ha culminado con la detención de siete personas, entre ellas el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez. La actuación de la Guardia Civil, coordinada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Almería, representa la segunda fase del conocido como Caso Mascarillas, una investigación que se inició por la presunta adquisición irregular de material sanitario durante la pandemia.
La causa se remonta a 2021, cuando salieron a la luz los nombres de Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación, y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, junto al empresario Kilian López y su empresa, Azor Corporate Iberica. El origen fue un contrato de emergencia, valorado en más de dos millones de euros, para traer mascarillas, guantes y batas desde China a Almería, un proceso que la Justicia habría calificado de fraudulento y que supuso el ingreso en prisión en 2021 de Liria, Sánchez y un hijo de este último. Según las pesquisas iniciales, se habrían percibido comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros en esa transacción.
Una segunda fase que amplía el foco a más contratos
La operación de este martes 18 de noviembre ha sumado nuevos nombres a la lista de investigados, destacando las detenciones del presidente Javier Aureliano García y el vicepresidente segundo Fernando Giménez. Si bien la causa original se centraba en la compra de material sanitario, esta segunda fase de la investigación añade otros contratos públicos de la Diputación Provincial que habrían sido adjudicados a determinadas empresas con el presunto objetivo de cobrar comisiones.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que existen "sospechas fundadas" de la comisión de hechos que podrían constituir hasta tres delitos: cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Como parte de estas diligencias, se han llevado a cabo hasta diez registros en domicilios y empresas de la provincia, incluyendo las sedes de la Diputación Provincial en las calles Navarro Rodrigo y Hermanos Machado, donde los agentes han permanecido más de diez horas.
Conexiones iniciales con Cataluña
La investigación que hoy afecta a las altas esferas de Almería tiene su origen en una causa anterior, la Operación Lúa, que se destapó en Cataluña en 2020. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona investigaba presuntas irregularidades en la compra de material sanitario a raíz de otra operación sobre el tráfico de drogas, venta de armas y blanqueo de capitales. Fue en esas pesquisas de la UCO donde apareció el nombre del empresario Kilian López, lo que condujo a su relación procesal con Óscar Liria y el alcalde de Fines, a quienes conocía personalmente con anterioridad a los contratos de la COVID-19.
Las detenciones de 2021 ya revelaron indicios de blanqueo, pues la UCO encontró casi 30.000 euros en efectivo en la vivienda de Óscar Liria y una cantidad de 120.000 euros escondida en el maletero de un vehículo de alta gama del alcalde de Fines o su hijo.
El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, había defendido en junio de 2024 que el contrato de mascarillas con Azor Corporate había sido "impoluto". No obstante, las nuevas detenciones se producen tan solo un mes después de que la Audiencia Provincial de Almería decidiera ampliar seis meses la investigación del Caso Mascarillas, dada su complejidad.
Tras conocerse los arrestos, el Partido Popular de Andalucía ha tomado medidas inmediatas, suspendiendo de militancia a Javier Aureliano García. De forma provisional, el cargo de presidente de la Diputación de Almería ha quedado en manos de Ángel Escobar, quien ha asegurado que la institución provincial mantiene su máxima colaboración con los agentes de la UCO.
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