Una concentración se ha llevado a cabo esta mañana ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Almería para exigir la mejora de las condiciones económicas y laborales del personal empleado público. Los representantes sindicales de la provincia han tomado la palabra para denunciar la situación actual, que consideran un "bloqueo" por parte del ministro de Función Pública, y han puesto el foco en el impacto directo que esta situación tiene en los 44.000 empleados y empleadas públicas de Almería.
El secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Almería, Iván Martínez, ha sido uno de los intervinientes, quien ha contextualizado la movilización. Martínez ha recordado el recorte que supuso en el año 2010 la aplicación del Real Decreto de Medidas Urgentes por el cual se "estirpa la paga extraordinaria o el 100% de la paga extraordinaria a los funcionarios del Estado".
En este sentido, ha aseverado que "todos los funcionarios de Carrera de España y algunos otros empleados públicos no perciben la paga extra íntegra, la paga al 100%", calificando este hecho como "uno de los mayores recortes que ha perpetrado un gobierno en la historia de este país". Martínez ha insistido en que la concentración no se produce "por capricho", sino porque "queremos recuperar la dignidad salarial", y ha recordado que a día de hoy, "en el año 2025, estamos negociando un nuevo acuerdo salarial porque desde el 2024, desde el último acuerdo, mantenemos los salarios completamente congelados".
Por su parte, Trinidad Garrido, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras de Almería, ha incidido en las problemáticas relativas a las plantillas y las tasas de reposición. Garrido ha destacado que la función pública en la provincia y el resto del Estado cuenta con "una plantilla que es insuficiente y está envejecida", con la pérdida de "más de 42.000 puestos a nivel estatal desde hace 20 años".
La sindicalista ha pedido la eliminación de las tasas de reposición al considerar que "no hemos conseguido alcanzar las cifras que teníamos todavía, con lo cual las plantillas siguen siendo insuficientes". Además, ha recordado que aún hay medidas del acuerdo para una Administración del siglo XXI que no se han cumplido, como son "las 35 horas semanales en la Administración General del Estado y la clasificación profesional conforme a las cualificaciones profesionales aprobadas en la actualidad, que tampoco se han conseguido". Garrido ha hecho un llamamiento a la disminución de la tasa de reposición actual, que se sitúa en torno al 30%, ya que el mantenimiento de esta tasa de eventualidad, "no solo por los salarios, sino porque el hecho de que no tengamos plantillas suficientes, hace también que le afecte directamente a la ciudadanía", poniendo como ejemplo los "fallos que ha habido en sanidad" por tener "personal insuficiente".
Finalmente, Aymar Serrano, vicepresidenta de la Unión Provincial de CSIF Almería, ha centrado su intervención en la actitud del ministro de Función Pública, al que acusa de "desprecia y bloquea la negociación", calificando la situación de "lamentable y poco democrática". Serrano ha asegurado que con esta actitud, el Gobierno se está jugando "el estado del bienestar" y que el ministro "ningunea a los servidores públicos, a nuestros docentes, al personal sanitario, a los bomberos, a los agentes forestales que se jugaron la vida este verano y algunos han fallecido".
La vicepresidenta ha puesto en valor que "los servidores públicos de este país están siempre donde y cuando hay que estar" y, sin embargo, el Gobierno "no hace absolutamente nada por cambiar esta situación, por sentarse a negociar, por reconocer y poner en valor el esfuerzo de sus empleados y empleadas públicas". En clave local, Serrano ha cifrado la deuda del Estado con la provincia, aseverando que el Gobierno ya debe "27 millones de euros a los 44.000 empleados y empleadas públicas de la provincia de Almería". La representante sindical ha concluido con una advertencia, al afirmar que "al Gobierno se le ha acabado el tiempo" y la concentración es "la primera de las movilizaciones". Ha advertido que si no se sienta a negociar en Madrid, se producirán más movilizaciones a "mitad de noviembre", y si el bloqueo persiste, "Pedro Sánchez va a vivir la primera huelga general en la Administración Pública en diciembre"