La Diputación de Almería amplía la gestión del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) a cinco municipios más de la provincia. El pleno de la Corporación ha aprobado durante la sesión extraordinaria de esta mañana el convenio de encomienda de gestión con los ayuntamientos de Adra, Antas, Balanegra, Dalías y Níjar tras la incorporación este año de sus proyectos en el marco del Programa de Empleo Estable.
Con la incorporación de estos cinco nuevos municipios, la Diputación Provincial de Almería asume la gestión del PFEA en un total de 91 municipios, la Entidad Local de Fuente Victoria y la Mancomunidad del Bajo Almanzora.
El pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Almería para la aprobación de convenios con distintos municipios en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) se convirtió este martes en un escenario de choque político entre el equipo de Gobierno del PP y el Grupo Socialista. Aunque la votación se saldó con la aprobación de los acuerdos, el debate giró en torno a la gestión del programa, con acusaciones cruzadas sobre su politización y su futuro en la provincia.
TEATRILLO Y CIRCO
El portavoz socialista, Juan Manuel Ruiz del Real, abrió la sesión defendiendo la postura de su grupo. “El PSOE no se opone al PFEA, faltaría más”, subrayó, para remarcar que “nuestro grupo está absolutamente a favor de la autonomía local, de que los ayuntamientos decidan si gestionan las ayudas de manera directa o lo hacen a través de convenios con otras administraciones, como la Diputación”.
No obstante, Ruiz del Real denunció lo que calificó de “teatrillo montado por el Partido Popular durante el verano, generando alarma innecesaria sobre el futuro del programa y sembrando dudas sobre su continuidad”. Según dijo, el Gobierno de España “ha garantizado la financiación del PFEA y, de hecho, la ha incrementado: ahora mismo la inversión en la provincia es de 10,8 millones de euros, un 20% más que en 2019, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Y entonces nadie del PP se rasgaba las vestiduras ni montaba circos reclamando más fondos, a pesar de que eran menores que ahora”.
El portavoz socialista puso el acento en que los cambios normativos introducidos en la convocatoria “obedecen a ajustes legales aprobados por la Dirección General del Servicio Público de Empleo” y que nadie ha recurrido. “Es una convocatoria absolutamente legal, transparente y ajustada a la normativa. Lo que ocurre es que a ustedes lo que les molesta es perder el control sobre quién recibe los proyectos de empleo estable. Antes dependía de un dedo, ahora depende de unas bases abiertas y objetivas”, reprochó a los populares.
Ruiz del Real insistió en que con el nuevo sistema “no hay riesgo de que el mundo rural quede desprotegido”, porque “pueden concurrir más municipios que antes, con reglas claras y sin favoritismos”. En su opinión, el PP se ha dedicado a “generar miedo diciendo que solo los pueblos grandes iban a beneficiarse, cuando la realidad es que el sistema anterior había convertido la concesión de proyectos en un reparto discrecional”.
Frente a esas acusaciones, el portavoz del PP en la Diputación, Fernando Giménez, tomó la palabra para desmontar lo que calificó de “argumentario prefabricado” de los socialistas. “Nunca ha sido el dedo de la Diputación quien ha determinado los proyectos de empleo estable”, replicó. “Son las comisiones provinciales, en las que participan la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y la Diputación, las que lo deciden. Y así lo marca el decreto 939/97. Pero resulta que en Almería, de forma arbitraria, se quiere cambiar todo el sistema”.
PRESIONES
Giménez elevó el tono al denunciar lo que considera un uso partidista del programa por parte del Ejecutivo central. “El propio director del SEPE reconoció, en una comisión, que se había reunido con 30 alcaldes… y todos eran del PSOE. Eso sí es sectarismo, eso sí es hacer política con el empleo rural”, señaló. Según el dirigente popular, mientras el Gobierno central se ha limitado a “reunirse en exclusiva con alcaldes socialistas”, la Diputación de Almería convocó el 14 de agosto a “todos y cada uno de los alcaldes de la provincia, fueran del partido que fueran, porque aquí caben todos: los del PP, los del PSOE, los independientes o cualquier otro signo político”.
El diputado del PP acusó además al Ejecutivo de haber emprendido “una turné pueblo por pueblo, intentando convencer a los ayuntamientos para que abandonaran el PFEA gestionado por la Diputación”. Sin embargo, sostuvo que esa campaña ha sido un fracaso: “De 91 municipios que tienen PFEA en Almería, solo tres han salido del convenio. Tres de 91, un 3,3%. El 97% de los pueblos siguen confiando en la Diputación, y entre ellos hay muchísimos ayuntamientos socialistas. Eso desmonta toda la propaganda”.
Otro de los puntos de enfrentamiento fue la financiación. Mientras Ruiz del Real defendió que la inversión ha crecido respecto a los tiempos de Rajoy, Giménez denunció que las partidas llevan “años congeladas”. “Con Mariano Rajoy se incrementaban cada ejercicio porque había presupuestos. Ahora, desde 2023, no ha habido ninguna subida porque no hay presupuestos generales del Estado. Lo demás son patrañas que les mandan desde la calle Arapiles para repetir como loros”, ironizó.
Giménez defendió además la labor de la Diputación, a la que presentó como “la única de Andalucía que asume la redacción de proyectos, los documentos de gestión preventiva, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud, la prevención de riesgos, los reconocimientos médicos, las nóminas, los contratos, los seguros sociales y la justificación de las subvenciones”. Según dijo, “todo esto tiene un coste, y lo asume la Diputación más allá del 8% legal que corresponde por gestión. Pocos pueden decir lo mismo”.
El portavoz popular insistió en que los ayuntamientos son libres de decidir: “Si quieren que la Diputación les haga toda esa gestión, bienvenidos sean. Y si no, también. La autonomía local está garantizada. Lo que no vamos a hacer es retirarles otros servicios o los planes provinciales porque decidan no estar en el PFEA. Eso jamás”.
Ruiz del Real, en su turno de réplica, se mostró convencido de que el nuevo modelo “favorece la transparencia y elimina cualquier sospecha de favoritismo”. “No nos asusta que concurran más pueblos, no nos incomoda que sea una mesa técnica la que valore las solicitudes. Lo que nos preocupaba era que antes todo dependiera de una sola persona. Y eso ya no ocurre”, defendió.
El choque entre ambos portavoces deja tras de sí dos visiones enfrentadas del PFEA: para el PSOE, un programa garantizado por el Gobierno de España, transparente y en expansión; para el PP, un instrumento vital para el empleo rural que está siendo “utilizado políticamente por el Ejecutivo central, con reuniones excluyentes y presiones a alcaldes”.
Más allá de la disputa, los datos muestran la magnitud del programa en la provincia. El PFEA permite financiar proyectos municipales de obra y servicios en 91 entidades locales, con una inversión superior a los diez millones de euros y la creación de miles de jornales cada año, especialmente en zonas rurales donde el empleo es más escaso. La Diputación, como recordó Giménez, gestiona los proyectos de la inmensa mayoría de los municipios, lo que convierte a la institución en un pilar esencial para su ejecución.
En definitiva, el pleno extraordinario sirvió para ratificar los convenios, pero también para constatar que el PFEA se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras los socialistas defienden su legalidad y apuntan al Gobierno central como garante de la financiación, los populares denuncian “presiones y reuniones sectarias” y reivindican el papel de la Diputación como garante de la igualdad entre los pueblos, gobierne quien gobierne.
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