En el marco de la investigación judicial por presunto cohecho en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), uno de los funcionarios implicados habría rechazado este miércoles cualquier vinculación con el suministro irregular de un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz en Almería. Durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción nº4 de Ávila, el empleado identificado como S.T. habría negado tanto haber propiciado como aceptado supuestos acuerdos sexuales con la reclusa a cambio de proteger el dispositivo oculto en su celda.
Según documentos judiciales consultados, el interrogatorio –limitado a quince minutos y desarrollado únicamente mediante preguntas de su defensa– habría contado con la presencia del Ministerio Fiscal y la representación legal de Patricia Ramírez, madre del menor fallecido. El investigado insistió en su inocencia, desmintiendo haber alertado a Quezada sobre registros penitenciarios o haber gestionado el teléfono que, presuntamente, le habría entregado su pareja sentimental durante una visita.
La causa, fundamentada en el artículo 443.2 del Código Penal, gira en torno a las sospechas de que varios empleados del penal –actualmente suspendidos de funciones– facilitaron tecnología móvil a la reclusa intercambiando favores íntimos. Los informes técnicos sugieren que Quezada habría mantenido contactos sexuales con al menos un funcionario y un empleado de cocina, encuentros que podría haber grabado con el dispositivo para intentar presionar a la administración del centro y lograr su traslado a Barcelona.
En la documentación remitida por la directora de la prisión, Laura Pérez, se alude a información proporcionada por un educador sobre la posesión ilegal del teléfono por parte de la interna. El escrito menciona específicamente la existencia de material audiovisual donde aparecería el empleado investigado dentro de la celda de la reclusa, elementos que formarían parte de una estrategia de chantaje institucional según las hipótesis manejadas.
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