El Tribunal de Cuentas cuestiona la viabilidad financiera y urbanística de Almería Alta Velocidad

El Tribunal de Cuentas ha puesto en entredicho la gestión y viabilidad de las sociedades constituidas para la integración del ferrocarril en las ciudades, entre ellas Almería Alta Velocidad S.A., en un informe de seguimiento al que ha tenido acceso Noticias de Almería y cuyas conclusiones han sido asumidas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados. La resolución, aprobada el pasado 20 de marzo, insta al Gobierno a revisar los convenios interadministrativos y evaluar incluso la disolución de este tipo de entidades ante los graves problemas financieros que arrastran y la escasa ejecución de los proyectos inicialmente previstos.

En el caso concreto de Almería, la sociedad participada por el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento fue creada para llevar a cabo las obras de soterramiento y adecuación urbanística del trazado ferroviario a su paso por la ciudad, especialmente en la zona del Puche y la estación intermodal. Sin embargo, el Tribunal advierte que el proyecto no ha alcanzado los objetivos marcados en su planificación inicial, ha requerido aportaciones extraordinarias y mantiene una elevada dependencia de futuras plusvalías urbanísticas aún por materializar.

La crítica se concreta en tres recomendaciones emitidas expresamente para esta sociedad:

1. Analizar su continuidad o, en su caso, revisar los convenios interadministrativos para ajustar el alcance de las obras a la disponibilidad real de fondos públicos.

2. Reconsiderar el modelo de integración ferroviaria, señalando que el soterramiento completo de las vías, aunque simbólicamente deseado, no siempre es necesario ni económicamente sostenible, y podría estudiarse la aplicación de soluciones menos costosas, pero igualmente funcionales y sostenibles.

3. Elaborar planes de financiación más realistas, desligando el éxito del proyecto de la especulación sobre los terrenos liberados por las obras. En palabras del propio informe, “las sociedades instrumentales […] presentan una incertidumbre respecto de la obtención de ingresos futuros derivados de las plusvalías de la transformación de los terrenos ferroviarios”.

En el caso de Almería Alta Velocidad, el Tribunal recoge que desde 2017 se han producido algunas actuaciones destacadas, como la aprobación del proyecto de la Fase 1 o la alternativa 1.2 de la Fase 2, centrada en la remodelación de la estación intermodal. Asimismo, se han adjudicado contratos para la redacción del anteproyecto de urbanización de los espacios liberados. No obstante, a fecha de redacción del informe, no se ha aprobado todavía un nuevo convenio actualizado, lo que evidencia un preocupante estancamiento en la coordinación institucional.

Cabe recordar que en 2018 la sociedad recibió subvenciones no reintegrables por valor de 7,6 millones de euros procedentes del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, así como anticipos de obra de 12,3 millones por parte de ADIF y 3,1 millones de ADIF Alta Velocidad, unas cifras que, según el Tribunal, no han servido para desbloquear la fase crítica del proyecto.

El informe, y la resolución aprobada por la Comisión Mixta, sitúan por tanto a Almería Alta Velocidad ante un horizonte de revisión profunda. La recomendación de evaluar la disolución o reforma del marco legal que la sustenta se basa en el principio de responsabilidad fiscal y en la necesidad de evitar que estos modelos de gestión hipotequen recursos públicos sin resultados concretos a medio plazo.

Además, se recuerda que los convenios originales fueron firmados en un contexto económico y urbanístico radicalmente distinto al actual, por lo que su vigencia sin revisión podría considerarse anacrónica. La resolución exige al Gobierno que, en coordinación con las administraciones autonómicas y locales implicadas, tome decisiones claras sobre el futuro de estas entidades.

En resumen, el Tribunal de Cuentas no solo cuestiona el desempeño de Almería Alta Velocidad, sino el modelo mismo de gestión compartida de las obras ferroviarias en entornos urbanos, subrayando la urgencia de introducir criterios de eficiencia, sostenibilidad financiera y realismo presupuestario en cada uno de los proyectos aún vivos.