El Parlamento de Andalucía afronta hoy, 12 de febrero de 2026, un debate sobre la creación de una comisión de investigación que pretende fiscalizar los contratos adjudicados por la Junta de Andalucía, sus agencias y entes instrumentales a empresas conectadas con el denominado ‘caso mascarillas’. Este debate parlamentario llega tras la publicación oficial, el pasado lunes 9 de febrero en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), del escrito de oposición a la creación de dicho órgano, un trámite que obliga a que sea el Pleno quien decida finalmente si se abren las pesquisas sobre las posibles ramificaciones autonómicas de un escándalo que ya ha sacudido los cimientos de la administración provincial.
La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, pone el foco en la necesidad de aclarar si el presunto entramado empresarial que operó en la Diputación de Almería durante los meses más duros de la pandemia extendió sus redes hacia la administración autonómica. El texto de la iniciativa es explícito al solicitar que se revisen no solo las adjudicaciones directas, sino también aquellas en las que las empresas investigadas actuaron como subcontratistas. La oposición sospecha que el modus operandi detectado en Almería, basado en el presunto cobro de comisiones ilegales y el inflado de precios en material sanitario, podría haberse replicado en contratos tramitados por la vía de emergencia y mediante contratos menores en diversas consejerías y organismos dependientes del Gobierno andaluz.
El ‘caso mascarillas’ se originó con la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario por valor de dos millones de euros a una empresa, una operación que, según las investigaciones judiciales en curso, sirvió presuntamente para el cobro de mordidas. Las diligencias han apuntado a una estructura organizada que implicaría a altos cargos de la política provincial, incluyendo la detención en fases previas del que fuera vicepresidente de la institución supramunicipal, Óscar Liria, y las recientes acciones policiales que han alcanzado a la propia presidencia de la Diputación. La investigación policial sugiere que se aprovecharon los procedimientos de urgencia del Estado de Alarma para adjudicar contratos a dedo a cambio de comisiones, dinero que posteriormente se habría intentado blanquear mediante la compra de bienes de lujo e incluso a través de una administración de lotería.
Para el grupo proponente, lo sucedido en Almería no es un hecho aislado circunscrito a una administración local, sino que responde a una presunta "estructura mafiosa" que podría tener conexiones directas con la gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno. Los socialistas argumentan que las mismas empresas y empresarios que presuntamente "pegaron el pepinazo" —en alusión a las grabaciones intervenidas donde se jactaban de los beneficios obtenidos— con los fondos de la Diputación almeriense, figuran también como receptores de fondos públicos de la Junta de Andalucía. Por ello, exigen que se levanten las alfombras de la contratación autonómica para verificar si existió una falta de control deliberada o connivencia política que permitiera a esta trama acceder a los presupuestos de la sanidad andaluza y otras áreas de gestión.
La oposición a la comisión, cuya formalización ha precipitado el debate de hoy, suele sustentarse en el argumento de que ya existen procedimientos judiciales abiertos y que la utilización política de la Cámara solo busca desgastar al Gobierno. Sin embargo, desde el PSOE de Almería se insiste en que las responsabilidades políticas son independientes de las penales y que la ciudadanía merece saber si el dinero de sus impuestos destinado a combatir el virus acabó en manos de comisionistas avalados por cargos del Partido Popular. La exigencia de transparencia abarca desde los expedientes de compra de mascarillas hasta contratos de obras menores que podrían haber sido utilizados para desviar fondos hacia este entramado empresarial familiar y societario.
La sesión de hoy se prevé tensa, con la mirada puesta en la bancada del Gobierno andaluz y su disposición a permitir o bloquear esta fiscalización. Si la votación prospera, se abriría un periodo de comparecencias que obligaría a desfilar por el Parlamento a responsables políticos y técnicos, poniendo a la gestión de Almería en el centro de la agenda política del Estado español. En caso contrario, la oposición ya ha advertido que interpretará el bloqueo como una confirmación de que la Junta tiene algo que ocultar respecto a sus vínculos con los protagonistas de la crónica negra de la corrupción en la provincia.
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