Profético Juan Y Medio

Poco podíamos imaginar en la tarde del pasado domingo que el humor, a menudo tan premonitorio, se iba a adelantar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La escena era la habitual: la Diputación Provincial de Almería celebraba el Día de la Provincia en Balanegra, el sol de poniente caía sobre el desl el deslumbrante pabellón Javier aureliano García y, en el centro, el incombustible presentador andaluz, Juan y Medio, recibía la Medalla de Oro de la provincia. Su saludo, desenfadado y en tono jocoso a las autoridades, contenía una pequeña, y ahora gigantesca, apostilla: "imputadas, o no". Hubo sonrisas. Que ocurrencia.

La frase actuó como un macabro presagio. Apenas 48 horas después, la persona que le entregaba esa medalla, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García (PP), era detenido por la UCO en el marco de la ampliación del tristemente célebre "Caso Mascarillas". Un caso que, no olvidemos, nació como una derivada de la Operación Lúa en Barcelona, una investigación por tráfico de drogas que, como el Guadiana, afloró en la política almeriense vinculado a la compra de mascarillas en pandemia por parte de la institución provincial.

García no fue el único. Junto a él, también fue detenido el vicepresidente Fernando Giménez (PP) y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP), y así hasta siete personas, si bien solo han trascendido estos tres nombres. La UCO, unidad de élite de la Guardia Civil, investiga presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y que seguro que en este caso concreto, el PSOE no advierte law fare, ni ultraderechistas con toga...

Todo esto, en realidad, es una secuela del mismo caso que ya supuso, en su momento, la detención del entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria (PP). Aquello condujo a su fulminante destitución por parte del propio García y a su posterior abandono del acta de diputado provincial.

La máxima de que "el que la haga, que la pague" es una obviedad que no necesita ser escrita, sino aplicada. Sin embargo, la reacción de los partidos políticos ante la corrupción ajena es un espectáculo difícil de digerir. El cinismo es un arte que se enseña y se perfecciona en los comités de dirección de las organizaciones políticas.

Hace solo un par de semanas, el ahora presidente detenido fue preguntado por un periodista por la ampliación del secreto de sumario del mismo "Caso Mascarillas". Su respuesta fue la de la prudencia institucional: no le gustaba comentar resoluciones judiciales. Una prudencia que le permitió usar la situación legal de la exalcaldesa socialista de Garrucha, María López (investigada por presuntas contrataciones irregulares), y la de la alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez (investigada por presunta prevaricación urbanística), como escudo argumental para justificar su silencio. “¿Por qué tengo que comentar lo mío si no comento lo de ellos?”, venía a decir.

La respuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no se ha hecho esperar. Como un resorte, se han lanzado a la yugular, pidiendo ceses y dimisiones. Una reacción legítima, sin duda, pero que contrasta con la celeridad del Partido Popular, que actuó con inmediatez.

El PP no tardó ni un telediario en destituir a Javier Aureliano García como presidente del partido provincial, ocupando su puesto, interinamente, el secretario general y consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. En la Diputación, el propio García ha presentado su dimisión como cargo electo, asumiendo el mando provisional el vicepresidente Ángel Escobar. Una actuación que, hay que reconocer, es plausible.

Y aquí es donde el cinismo vuela alto. ¿Por qué la indignación socialista no es extensiva a los suyos? Es el caso de la exalcaldesa de Garrucha o la alcaldesa de Cantoria. Pero si nos vamos a la Comunidad Autónoma vecina, Extremadura, encontramos al candidato socialista a la presidencia, Miguel Ángel Gallardo, encabezando las listas a pesar de estar investigado, y sigue contando con el apoyo monolítico de Ferraz.

La hipocresía alcanza su clímax cuando escuchamos a voces de peso del PSOE andaluz y del Estado, como Mario Jiménez (ex portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía) o la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A, y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, escandalizarse. Duele a la memoria, sobre todo en Andalucía, recordar que ambos estuvieron en el corazón del Caso ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de la Comunidad Autónoma. No se recuerda que pidieran las dimisiones de Manuel Chaves o José Antonio Griñán, ni de la miríada de cargos que fueron condenados, y que aguantaron en sus puestos, e incluso se presentaron a elecciones, entre el aplauso de sus filas.

De igual manera, hay que ser prudentes con ciertos análisis políticos. El secretario provincial del PSOE de Almería, José María Martín, convocó a la prensa al mediodía para dar su particular lectura. Su mensaje fue un confuso intento de ponerse una medalla póstuma.

Por un lado, sentenció que estas detenciones eran "fruto de lo que ya venía advirtiendo el Partido Socialista" y que solo era "la punta del iceberg". Una afirmación contundente y con tintes de profecía. Sin embargo, al ser preguntado por el contenido de ese iceberg, reconoció, sin rubor, que no tenía ni idea de qué había debajo. No sabía si era una ampliación del caso mascarillas, si era un caso nuevo, si tenía que ver con obras o con el suministro de material.

Es decir, el PSOE, por boca de su máximo responsable en la provincia, sabía que algo grande iba a ocurrir y que lo que vemos es mínimo, pero ignora por completo de qué va la investigación de la UCO y por qué se han producido estas detenciones. Es un titular vacío.

Pero antes de concluir recordemos que el socialista Martín Soler, cuando fue consejero del Gobierno de Manuel Chaves, fue investigado, imputado, y finalmente, tras años con el cuello en la guillotina judicial, fue desimputado poco antes del juicio, quedan absolutamente limpio de polvo y paja. Y qué decir del popular Gabriel Amat, multinvestigado, multimputado, por jueces de primera instancia de Roquetas, por al Audiencia Provincial, por el TSJA, por fiscales a todos los niveles, y finalmente nada de todo aquellos prosperó. Y esto por poner solo dos ejemplos, pero hay más en la provincia de políticos investigados y cuyos casos fueron archivados, o absueltos.

En definitiva, la clase política almeriense, andaluza y estatal vuelve a exhibir lo peor de sí misma: la indignación selectiva. Ojalá el "imputado o no" de Juan y Medio se quede en la anécdota de un chiste, y no en la norma de una política donde la ética solo se exige al adversario.