El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que la distribución de recursos para la acogida de inmigrantes se realiza teniendo en cuenta la “presión demográfica” de cada territorio. Sin embargo, la realidad en Almería, y en concreto en El Ejido, pone en evidencia una contradicción en este enfoque. A pesar de que el municipio presenta una de las mayores concentraciones de población inmigrante de la provincia, el Gobierno ha decidido enviar más migrantes irregulares a la zona, aumentando así la presión sobre un territorio que ya está al límite.
El Ejido, con cerca del 30% de su población extranjera, ha sido designado para albergar a migrantes irregulares, muchos de ellos solicitantes de asilo, en dos hoteles habilitados para este fin. Este aumento en el número de migrantes en un municipio ya saturado contradice las afirmaciones del Gobierno, que ha destacado la necesidad de tener en cuenta la presión demográfica de los lugares de acogida.
Según la respuesta oficial a una pregunta parlamentaria de VOX, el Ejecutivo asegura que se realiza un análisis de los recursos disponibles en cada municipio para evitar desbordamientos, pero en la práctica, El Ejido parece ser uno de los lugares más afectados por la llegada de migrantes, en lugar de ser uno de los menos.
ACTUACIONES
Dentro de estas actuaciones destaca el Programa de Atención Humanitaria. Este Programa está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país vía terrestre, por las ciudades de Ceuta y Melilla, mediante centros públicos directamente gestionados por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o bien mediante recursos gestionados a través de la acción concertada con entidades del tercer sector debidamente autorizadas.
Por otra parte, el Sistema de Acogida de Protección Internacional (en adelante, SAPI) es el conjunto de recursos, actuaciones y servicios que se proporcionan a las personas destinatarias de este, de acuerdo con el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. Pueden acceder al SAPI las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.
Desde verano de 2023 se ha producido un incremento sin precedentes en el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias. En este contexto, la Secretaría de Estado de Migraciones declaró la emergencia, con fecha de 14 de octubre, y sus sucesivas ampliaciones para incrementar, de manera inmediata, las capacidades y recursos del Programa de Atención Humanitaria, y gestionar así los efectos y consecuencias más graves que producen este tipo de emergencias humanitarias.
Desde el inicio de la emergencia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abrió recursos en la provincia de Almería, al igual que en el resto del territorio nacional. Hoy en día, no se dispone de plazas con cargo a la emergencia, pero sí financiadas a través de la acción concertada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En lo que se refiere a qué alternativas se están considerando para garantizar una gestión más eficaz y segura de la inmigración en la provincia de Almería, ésta siempre se haya condicionada a la situación migratoria, tanto en términos de llegadas, como en términos de permanencia de las personas en los recursos. En cualquier caso, de continuo se realiza un trabajo de análisis de los recursos disponibles así como de posibles nuevas aperturas, valorando tanto las propias instalaciones como la presión demográfica que estas aperturas puede trasladar, en su caso, al territorio de acogida.
Gestión de la Inmigración
El Gobierno ha enfatizado que el aumento de llegadas de migrantes irregulares a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias, ha llevado a la declaración de una emergencia migratoria desde el otoño de 2023. En respuesta a esta crisis, se han abierto recursos en diversas provincias, incluida Almería, para garantizar la acogida de los migrantes. Sin embargo, en El Ejido, la situación parece estar lejos de ser gestionada de acuerdo con las directrices que el Ministerio asegura seguir.
Aunque las autoridades han mencionado que la "presión demográfica" es un factor clave en la distribución de los migrantes, la decisión de seguir enviando más personas a un municipio ya sobrecargado pone en duda la efectividad de esta política. La falta de recursos alternativos y la saturación de los servicios en El Ejido son una clara muestra de cómo la gestión centralizada de la inmigración no siempre responde a las necesidades específicas de los territorios locales.
Seguridad y Recursos
En cuanto a la seguridad, el Ministerio del Interior ha informado de un incremento en los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la provincia de Almería, con un total de 143 agentes adicionales desde 2018.
El Ministerio del Interior recuerda, en primer término, que entre 2012 y 2018 se perdieron en España más de 13.000 efectivos de las FCSE, lo que significa que durante ese periodo las plantillas disminuían a un ritmo de más de 1.800 agentes por año. Desde 2018, se han publicado ofertas de empleo que contemplan unas tasas de reposición del 115%, del 130% y del 125% los últimos años. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril la última oferta pública de empleo para la Policía Nacional y la Guardia Civil que suma más de 6.000 nuevas plazas para ambos cuerpos y sigue manteniendo la tasa de reposición del 125%. El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha ofertado desde 2018 más de 40.000 nuevas plazas para las FCSE.
No obstante, los recursos humanos y materiales siguen siendo insuficientes para hacer frente a la creciente demanda de atención a los migrantes. Aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil han incrementado su plantilla, la distribución de efectivos sigue sin ajustarse completamente a las necesidades locales.
Con esta política, se ha invertido la tendencia, lo que está permitiendo incrementar el número de agentes, mejorar la dotación de las plantillas y modificar los catálogos de puestos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para aumentar los mismos. Gracias a ello, Policía Nacional y Guardia Civil alcanzaron en conjunto, los 156.463 agentes en diciembre de 2024, máximo histórico.
En este sentido, se está incorporando un mayor número de efectivos de nuevo ingreso en las FCSE e incrementando la ocupación de las plantillas de personal hasta superar el máximo histórico de agentes. A la vez, se está produciendo un mayor movimiento de personal entre las plantillas en los distintos concursos que se convocan, sin que, en estos momentos, se pueda determinar cuántos de estos efectivos van a ir destinados a las distintas dependencias de la provincia de Almería, dado que la cobertura de puestos de trabajo no depende únicamente del número de vacantes publicadas en los diferentes concursos, sino también de la intención de solicitud de los posibles peticionarios interesados.
Así, el número de los efectivos disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia Almería, a 30 de junio de 2025, supera en 143 (61 en Policía Nacional y 82 en Guardia Civil) a los existentes al finalizar el año 2018, siendo los porcentajes de ocupación de los Catálogos de Puestos de Trabajo de ambos Cuerpos superiores a la media nacional.
Asimismo, se señala que el total de puestos de trabajo del Catálogo está previsto para una dotación máxima de efectivos en las diferentes plantillas, que en escasas ocasiones alcanza la ocupación total, ya que dichos catálogos son modificados antes de que lleguen al 100% de ocupación. Los nuevos catálogos están diseñados con previsión de los retos futuros que han de afrontar las FCSE, cuyas plazas se van cubriendo paulatinamente en las distintas convocatorias de los siguientes años.
Además, desde las FCSE se realiza una monitorización continua de la distribución de los efectivos, elaborando informes y estudios sobre la situación y las posibles incidencias, utilizando las conclusiones obtenidas, junto a las necesidades operativas que existan, en los criterios de la distribución que se realiza en las convocatorias de los distintos concursos generales, previa aprobación y siguiendo la política en recursos humanos.
Por último, por parte de los escalones de mando de la organización periférica de las FCSE, dentro de sus funciones de dirección, apoyo, coordinación e impulso de los servicios, se reorientan y adaptan permanentemente los mismos a las necesidades y demandas que exigen los retos, riesgos y amenazas del momento actual, llevando a cabo una planificación para conseguir un uso eficiente y de optimización de los recursos disponibles, tanto humanos como materiales.
La presión sobre la seguridad y los servicios públicos es una consecuencia directa del aumento de la población migrante, lo que subraya la desconexión entre la teoría de la gestión migratoria del Gobierno y la realidad en los municipios como El Ejido.
Un Desajuste Evidente
En resumen, la respuesta del Gobierno sobre la gestión de la inmigración choca con la realidad de Almería, donde El Ejido sigue siendo un destino para un número creciente de migrantes irregulares, a pesar de la alta concentración de población inmigrante ya existente.
La contradicción es clara: mientras el Ejecutivo asegura que se distribuyen los migrantes teniendo en cuenta la "presión demográfica", el municipio almeriense sigue recibiendo más personas, lo que refuerza la carga sobre sus recursos y servicios. Esta falta de coherencia entre la política oficial y la situación local plantea serias preguntas sobre la eficacia de las decisiones del Gobierno en la gestión de la inmigración en la provincia.
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