La Fiscalía ha solicitado la libertad provisional con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el resto de detenidos en la segunda fase del caso Mascarillas, que investiga presuntas "mordidas" a través de contratos irregulares en la institución provincial.
La decisión de la Fiscalía se conoce tras más de dos horas de declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Las comparecencias se iniciaron minutos después de las 12:30 horas para escuchar a los cinco arrestados, que llegaron a la sede judicial después de pasar dos noches en dependencias de la Guardia Civil.
Las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público incluyen la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados.
Entre los detenidos que han declarado se encuentran, además del presidente García, el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP). Junto a ellos han comparecido el hijo del regidor de Fines y un funcionario del Área de Fomento de la Diputación de Almería.
En contraste con la Fiscalía, la única solicitud de ingreso en prisión provisional ha provenido de la acusación que ejerce el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Ahora, la decisión final sobre la situación de los detenidos recae en el juez Eduardo Martínez Gamero, a la espera de que adopte su resolución en un auto.
La causa investiga supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Las pesquisas señalan que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros". Junto a los detenidos, hay cinco personas más que se mantienen como investigadas en la causa.
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