La investigación sobre el ‘caso Mascarillas’ ha dado un giro definitivo tras la autorización judicial de registros a viviendas y despachos oficiales de la Diputación Provincial de Almería. Según el auto del juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, Eduardo Martínez Gamero, la clave para desencadenar la operación fue el análisis del contenido de un grupo de mensajería de WhatsApp denominado ‘Naranjito’, en el que participaban el entonces presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y los exdiputados Fernando Giménez y Oscar Liria.
La investigación del Grupo de Delincuencia Económica número 3 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la presunta trama de corrupción con dinero público se habría extendido más allá del suministro sanitario, abarcando delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Indicio “Demolador”
El juez instructor destaca en su auto la utilización sistemática de un “lenguaje encriptado o en clave” entre los investigados para hablar de las presuntas comisiones y mordidas vinculadas a la contratación de servicios y obras, lo que alimenta las sospechas fundadas.
Mensajes como “Esperaba poder ir al dentista”, “Tengo las muelas picadas por tu culpa” o “si quieren ir al dentista ellos sabrán” son recogidos en el auto, donde el juez considera que desde 2017 “se usa esta terminología de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable”.
El instructor considera que el indicio más contundente vincula directamente al expresidente García Molina con el entramado. Tres minutos después de firmar el decreto para la contratación de medio millón de mascarillas a la empresa Azor Corporate, García Molina envió el emoticono de un diente al grupo ‘Naranjito’.
A juicio del juez, “se trata de un indicio demoledor y simboliza la importancia del papel que ejercía don Javier Aureliano en el entramado delictivo”. En otros mensajes, Aureliano García preguntaba a Liria por su amigo Kilian y le manifestaba: “Y lo nuestro qué, estoy nerviosísimo”.
Viajes de lujo pagados en efectivo
El auto judicial, que abarca la presunta actividad delictiva desde al menos 2016, incluye una investigación detallada sobre el patrimonio de los investigados. La UCO investiga la adquisición de una parcela por parte del expresidente en Rodalquilar y un abono de 19.750 euros en efectivo a una cuenta de su hermana, además de la recompra de una vivienda heredada en Almerimar “sin que se hayan localizado movimientos bancarios”.
También se refiere a “viajes conjuntos de ocio” de Javier Aureliano García y Oscar Liria a Ibiza y Madrid en 2016, sufragados presuntamente “con dinero en efectivo”, dado que “no existen apuntes bancarios en las cuentas investigadas” para estos “viajes de coste elevado”.
Red de Empresas Afines
La investigación de la UCO no solo se centra en el ‘caso Mascarillas’ (contratos entre Diputación, Azor Corporate y Pulconar), sino también en supuestas adjudicaciones fraudulentas vinculadas al área de Obras y Fomento, que dirigía Oscar Liria.
Entre las mercantiles señaladas aparece OYC Servicios Urbanos, controlada por personas interpuestas vinculadas al alcalde dimitido de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo, Rodrigo Sánchez López. Esta empresa, desde 2017, habría resultado adjudicataria de 17 contratos públicos licitados por la Diputación y el Ayuntamiento de Fines.
El auto también establece indicios de que un funcionario de la Diputación, Clemente González Sáez (jefe de Apoyo Técnico y Maquinaria), presuntamente ayudó a Liria, actuando en connivencia con él, para “seleccionar a determinadas empresas privadas y a indicarles la oferta que debían realizar para obtener un beneficio económico ilícito”.
El juez instructor concluye que “todos estos indicios, puestos en conexión, revelan que sería posible que Javier Aureliano, Clemente González, Oscar Liria, Fernando Giménez, Rodrigo Sánchez Simón, Rodrigo Sánchez López, junto con otros sujetos, hubieran colaborado, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones”.
Las obras presuntamente afectadas incluyen el cementerio de Bacares, la piscina de Chirivel, un parque infantil en Senés y la red de abastecimiento de Tabernas. Asimismo, se ha requerido documentación sobre programas como Acelera 2020 y Pibio 2018 y 2019, y la documentación de la agencia de viajes Fines Travel relativa a los viajes organizados para Liria y García desde 2016.
Abstención Judicial
Como medida cautelar, el juez Martínez Gamero ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de acceso a cajas de seguridad bancarias de los investigados y más de una veintena de administradores de empresas relacionadas. También se ha prohibido la venta de vehículos de la empresa Gesa Andalucía y fincas propiedad de García Molina y Fernando Giménez.
Finalmente, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López Moya, ha solicitado su abstención del caso, lo que supone la suspensión temporal de la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) será el encargado de decidir si la jueza, que tiene un vínculo familiar lejano con Javier Aureliano García, puede apartarse de la instrucción.
La decisión final de la Audiencia Provincial de Almería determinará si la instrucción queda a cargo de otro juzgado o si el juez Eduardo Martínez Gamero –quien autorizó los registros clave– continúa al frente de la causa.
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