La Junta de Andalucía ha decidido personarse en el procedimiento expropiatorio relacionado con el hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras, tras más de cinco meses sin recibir información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta acción se produce en un contexto donde la Junta ya había abierto tres vías adicionales: la personación en el proceso judicial, la modificación del planeamiento urbanístico y la revisión de oficio de la licencia urbanística. Todo ello con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística y ambiental en este área del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Acción ante la falta de información
El propósito de esta nueva actuación es que la Junta pueda desempeñar un papel activo en el procedimiento impulsado por el Gobierno central, al que no ha tenido acceso a pesar de sus reiteradas solicitudes. En una reciente comisión mixta entre ambas administraciones, se acordó que el Ministerio proporcionaría a la comunidad autónoma toda la documentación necesaria sobre la expropiación. Sin embargo, ante la falta de respuesta y el tiempo ya agotado, el Ejecutivo andaluz ha optado por incorporarse formalmente al expediente, buscando así conocer los actos previstos y evaluar su impacto.
Desde la Junta se enfatiza que esta decisión no busca obstaculizar el proceso, sino más bien reforzar el compromiso conjunto con la demolición del edificio ilegal y la restauración ecológica de una zona costera valiosa para Andalucía. Cabe recordar que el 10 de febrero pasado, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, afirmó públicamente que el hotel sería derribado en un plazo de cinco meses. Sin embargo, hasta ahora no se han observado avances significativos ni se ha recibido información del Estado.
Un símbolo del urbanismo irregular
El hotel Azata del Sol, construido en primera línea de playa sobre suelo no urbanizable —como ha confirmado el Tribunal Supremo—, se ha convertido en un emblema del urbanismo irregular. Parte de su estructura está situada dentro de terrenos que forman parte de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, lo que aumenta aún más la necesidad urgente de recuperar este espacio para preservar sus valores naturales.
La Junta también destaca que es fundamental que el Ayuntamiento de Carboneras complete la revisión de oficio de la licencia, dado que esta es una vía jurídica sólida respaldada por sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y confirmadas por el Tribunal Supremo. La Administración autonómica lamenta los retrasos sufridos por parte del consistorio en ejecutar dicha sentencia, un proceso que ha tardado tres años en iniciarse.
Aumento del compromiso andaluz
A medida que el Ayuntamiento cumplía con su obligación tras las insistencias continuas desde la Junta, esta última se personó en el expediente dentro del plazo establecido para defender los intereses generales del territorio andaluz.
Además, cabe mencionar que en los últimos años, el Gobierno andaluz ha intensificado su implicación en resolver este conflicto. A diferencia de etapas anteriores, durante 2023 y 2024 participó activamente en procedimientos judiciales clave que resultaron en sentencias firmes obligando a modificar el planeamiento municipal para adaptarlo a las características del suelo como no urbanizable protegido. Para 2025, se ha previsto una asignación específica en los Presupuestos destinada a desescombro y renaturalización del entorno por valor de un millón de euros.
El compromiso andaluz con la legalidad urbanística y la protección patrimonial es evidente: El hotel El Algarrobico no puede seguir erguido en un espacio protegido. Las decisiones deben ser responsables y sostenibles, evitando promesas vacías o soluciones improvisadas que solo retrasen aún más este proceso crucial.
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