El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería y miembro de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, Mateo Hernández, exigirá en el Parlamento al Gobierno de Moreno Bonilla que incluya de forma “urgente” a la Fiscalía Provincial de Almería en el Plan de Guardias Costeras “debido a la elevada carga de trabajo y especiales características geográficas de la provincia de Almería”, que cuenta con más de 200 kilómetros de costas y con el considerable aumento de la población en el actual periodo estival.
Mateo Hernández ha conocido de primera mano, en un reciente encuentro con la responsable de UGT Justicia de Almería, Antonia de Rueda Aguilarte, la imperiosa necesidad de tomar esta medida que también ha sido reclamada recientemente por el sindicato. “Es una actuación de competencia del Gobierno andaluz y que consistiría en el aumento de personal y recursos adscritos a la Fiscalía de Almería”, ha asegurado antes de señalar que “resulta inconcebible que se haya adoptado el Plan de Guardias Costeras en los meses de verano en los partidos judiciales de la provincia pero que no se haya incluido a la Fiscalía Provincial, sobre todo si se tiene en cuenta que el aumento de la carga en esta época estival es muy alto y proporcional al resto de juzgados”.
El parlamentario socialista ha recordado que, tal y como ya hemos exigido en el Parlamento de Andalucía, los funcionarios de los órganos judiciales de la provincia deberían poder realizar guardias con toda la plantilla durante todo el año y no sólo durante algunos meses, como sí se contempla en otros órganos de diferentes provincias andaluzas. Así, ha considerado que esta iniciativa, que ya se trasladó al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública por parte del Grupo Socialista, se debería de hacer de la mano de la negociación con los representantes sindicales.
Según Mateo Hernández, esta petición parte de los propios trabajadores y trabajadoras porque “el elevado volumen de asuntos en los distintos juzgados de la provincia de Almería justifica un refuerzo estructural de la plantilla de la Administración de Justicia, que competencia de la Junta de Andalucía.
De igual forma, considera que “es imperioso que el Gobierno de Moreno Bonilla se siente de una vez por todas a acordar con los representantes de los trabajadores las mejoras que sistemáticamente les niega, como por ejemplo la negativa a aprobar los complementos específicos, que en cambio sí tienen el resto de las comunidades autónomas, y que provoca que estos funcionarios sean los peores retribuidos del conjunto del país”.