José María Martín: La Diputación es la punta del iceberg

El secretario provincial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Almería, José María Martín, ha manifestado una posición contundente respecto a la investigación abierta que afecta a la Diputación Provincial de Almería y a otros ayuntamientos, señalando que la presunta red podría constituir "la mayor trama de corrupción que ha conocido la Provincia de Almería en la historia". Durante una entrevista en EL DEBATE de 7TV Almería, el dirigente socialista ofreció su perspectiva sobre el conocido inicialmente como 'caso mascarillas', cuya dimensión, según él, lo convierte ya en un "caso Diputación Provincial" que afecta incluso a otras instituciones locales.

En el plano personal, Martín expresó que "no le desea mal a nadie", mostrando "solidaridad y de empatía con cualquier ser humano" que no debe estar "pasando un buen trago" tras la detención del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y de otras personas. Sin embargo, en el ámbito institucional, recordó que "los servidores públicos en mayor medida" están sometidos "al imperio de la ley", y si finalmente se comprueba que hubo delitos y "un enriquecimiento usando las artimañas que se hayan podido emplear pues para enriquecerse de manera injusta", entonces "el cumplimiento de la ley con la correspondiente aplicación del derecho penal, en su caso, pues habrá que hacerlo porque creo que eso es un principio básico de nuestro Estado de Derecho".

El secretario provincial remontó el origen del caso al verano de 2021, cuando el asunto se saldó con la detención de algunas personas y la dimisión de un vicepresidente de la Diputación en aquel momento, Óscar Liria. Recordó que en plena pandemia, con ciudadanos muriendo a diario, era "muy lamentable que hubiera personas pensando que en ese momento, en lugar de dedicarse a lo que tenían que hacer, que es proteger a los ciudadanos", lo que hicieran fuera "justamente lo contrario", presuntamente comprando material sanitario, como las mascarillas, pero "llevándose unas mordidas presuntamente cuantiosísimas, parece ser que incluso del 20%". Desde ese inicio, el caso se extendió a otros investigados, como el vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines.

Conexiones con otros Ayuntamientos y la figura de Vox

Martín reveló que el PSOE se personó como acusación popular desde el primer momento y ha mantenido su "presión para que el caso continuara impulsando". En este punto, el político socialista hizo un llamamiento sobre la postura de Vox, recordando que esta formación también estuvo personada como acusación popular en 2021, pero se retiró "voluntariamente en el año 2023", coincidiendo "temporalmente en el momento en el que se estaba constituyendo la nueva corporación de la Diputación Provincial". El dirigente del PSOE se preguntó si esa retirada "pudiera ser que tuviera que ver con alguna preventa o alguna liberación por parte de Vox", y acusó a este partido de tapar "la vergüenza" al Partido Popular, pues están "gobernando juntos incluso en ayuntamientos de aquí de la Provincia de Almería, como Garrucha o como Níjar".

El secretario provincial advirtió que lo que se investiga ahora es una "pieza separada" del caso inicial, que ya no se circunscribe solo a la contratación de mascarillas, sino que afecta a "otro ámbito de la Diputación Provincial" como es el "área de fomento", por lo que considera que se debería denominar "caso Diputación Provincial", aunque tampoco se queda ahí. Según la información que maneja, el mismo modus operandi pudiera haberse dado en otras administraciones gobernadas por el Partido Popular de Almería, mencionando el Ayuntamiento de Fines y apuntando al de Tíjola, lo que le hace pensar que no es "un caso aislado", sino que es "la punta del iceberg" de una presunta red. Por todo ello, exigió que "se llegue hasta el final" porque "tenemos derecho los almerienses a conocer cómo se han estado gestionando nuestras instituciones públicas" y a exigir tanto "responsabilidades políticas, por supuesto, y también las responsabilidades penales".

Cuestión de responsabilidades políticas y la crítica a Moreno Bonilla

Respecto a las responsabilidades políticas, José María Martín criticó la tardanza del Partido Popular en actuar, pese a que la rápida reacción del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ahora "llega la rápida reacción" diciendo que "desconocían todo, que no sabían nada y que ha sido muy ágil en la respuesta". El socialista recordó que el caso saltó en 2021 y, a pesar de tener imputados, Moreno Bonilla "tardó más de cuatro años" teniendo a un alcalde al que permitió presentarse a las elecciones y a un vicepresidente. Martín también mencionó la reunión que los detenidos tuvieron con el secretario general del PP en Andalucía tras salir de los juzgados, no en la sede del partido, sino "en el despacho de la presidencia de la Diputación" para un "pacto de silencio que no sabemos qué pacto será ni por dónde habrá salido".

En cuanto a la comparación con casos de su propio partido, el secretario provincial rechazó el "doble rasero" o la comparación de casos. Aseguró que la situación de la alcaldesa de Cantoria se remonta a hechos del Ayuntamiento cuando ella no era alcaldesa y el regidor era del Partido Popular, y que "en ningún caso se trata de un enriquecimiento como presuntamente está pasando" en el caso de la Diputación. Martín insistió en que para la sociedad y para la confianza en los políticos "se adopten medidas contundentes" y que la gestión del servicio público sea "honesta" y "ejemplar".

La lentitud de la justicia y los contratos de emergencia

Sobre si a veces se exige demasiado a los políticos, Martín fue claro al afirmar que "en este país, no sé, la UCO no entra a la vivienda de una persona y la detiene" ni hace registros ni tiene a una persona 48 horas bajo detención "por nada". Recordó que "la ley tiene que ser muy severa con las personas que estén en política" y que no se viene a la política a otra cosa que "a servir a los intereses generales, a servir a los ciudadanos".

En relación con los contratos de emergencia, el socialista reconoció que están para situaciones excepcionales, como "un socavón en la calle" o el caso de las mascarillas, ya que "la lógica nos dice, el sentido común nos dice que hay que resolver y luego ya se verá". No obstante, advirtió que llevar "lo excepcional a la categoría de la normalidad" puede llevar a que se sigan utilizando por ser "muy ágiles" para los gestores públicos, algo que permite evitar "un montón de trámites, un montón que no están ahí por capricho, sino para velar que la gestión de los fondos públicos se haga de manera escrupulosa". En este sentido, abogó por que la gestión pública sea "impoluta" y por una justicia que sea "ágil", pues "si es lenta, es menos justicia".

Finalmente, el secretario provincial del PSOE de Almería confirmó que la investigación sigue abierta, con 17 personas investigadas, y que no se conoce la extensión temporal ni si el modus operandi se remonta incluso al año 2016, cuando Javier Aureliano García no era presidente. Afirmó que habrá que ver si el amaño de contratos públicos tenía por objetivo un "enriquecimiento personal", o si se trata de otro tipo de "financiación a partidos políticos". Martín concluyó que van a "seguir investigando, pidiendo que se investigue y llegando hasta el final de toda la extensión" de esta presunta trama criminal.