El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que la causa que investiga presuntas irregularidades en la Diputación de Almería, en el marco del caso Mascarillas, ha elevado a cinco el número de delitos investigados. A los inicialmente anunciados de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales se añaden ahora los de tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
El juez de adscripción territorial del TSJA, a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, acordó en la tarde de este jueves la puesta en libertad provisional con cargos y medidas cautelares para los cinco detenidos el pasado martes. Los arrestados son el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (los tres del PP), un hijo de este último y el funcionario Clemente G. S.
Las medidas cautelares impuestas son las consideradas tradicionales en estos procesos: comparecencia en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional. La Fiscalía no había solicitado el ingreso en prisión, a diferencia de la acusación popular ejercida por el PSOE, cuyo letrado, Javier Salvador Cañadas, había pedido la prisión provisional.
17 investigados y más cargos del PP bajo la lupa
El alcance de la investigación continúa creciendo. El TSJA ha confirmado que "en la causa hay aproximadamente 17 investigados", la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de la Guardia Civil y serán citados a declarar más adelante. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) se centran en presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas en la Diputación y en el Ayuntamiento de Fines.
Entre los nuevos investigados se encuentra el alcalde de Tíjola y diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez. Con su inclusión, son ya tres los miembros del equipo de Gobierno de la Diputación que han sido investigados por la UCO, además del exdiputado provincial Óscar Liria Sánchez, quien ha vuelto a ser investigado.
Los abogados defensores han expresado su satisfacción con la libertad de sus clientes. El letrado de Javier A. García, Joaquín Monterreal, ha defendido la "tranquilidad" de su cliente y la transparencia de su patrimonio. Por su parte, Basilio Casanueva, abogado de Fernando Giménez, ha señalado que el vicepresidente "ha estado entero" y ha colaborado con la instrucción.
La intensa jornada judicial en la Ciudad de la Justicia de Almería pone fin a las detenciones, pero marca el inicio de una fase de instrucción más profunda en una causa abierta al margen del caso Mascarillas original que se remonta a hace cuatro años.
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